El LkSG entra en vigor para empresas con al menos 3.000 empleados y presencia registrada en Alemania.
Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro
LkSG: obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro para empresas alemanas
La German Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) exige a las empresas con al menos 1.000 empleados y presencia registrada en Alemania identificar, prevenir y remediar riesgos de derechos humanos y medioambientales en toda su cadena de suministro, con las obligaciones de diligencia debida principales en vigor durante la transición a las normas europeas de la CSDDD.
Próximo plazo:
26 de julio de 2029: se espera que las obligaciones del LkSG sean sustituidas cuando la CSDDD comience a aplicar a nivel europeo, aunque la ley final de transposición alemana no está confirmada.
El LkSG exigía a las empresas presentar un informe anual a BAFA (la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones) documentando sus actividades de diligencia debida. Esa obligación de reporting se suspendió en otoño de 2025, y el Bundestag (Parlamento Federal alemán) está impulsando la legislación para abolirla. Las propias actividades de diligencia debida (realizar análisis de riesgos, implementar medidas preventivas y correctoras, operar un mecanismo de reclamaciones y mantener documentación interna) siguen siendo legalmente exigibles.
Las empresas dentro del alcance hoy necesitan procesos documentados y auditables para esas obligaciones, con independencia del estado del reporting.
Cronología de la regulación
Qué exige la regulación
El LkSG aplica a empresas con al menos 1.000 empleados y presencia registrada en Alemania. Una presencia registrada incluye el domicilio social, el centro principal de actividad, la sede administrativa o una sucursal.
Las empresas dentro del alcance deben evaluar anualmente los riesgos de derechos humanos y medioambientales en sus propias operaciones y en todos sus proveedores directos, implementar medidas preventivas y correctoras donde se identifiquen riesgos, operar un mecanismo de reclamaciones accesible para las partes afectadas y mantener documentación interna de todas las actividades de diligencia debida durante al menos siete años. Para los proveedores indirectos, la obligación de actuar se activa con el conocimiento fundado de un riesgo concreto.
La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) hace cumplir la ley y puede imponer multas de hasta 8 millones de euros por infracciones graves, o de hasta el 2 % de la facturación global anual para empresas que superen los 400 millones de euros de ingresos anuales.
Retos habituales de la implementación del LkSG
El análisis de riesgos debe cubrir cada proveedor directo, cada año
El LkSG exige análisis de riesgos anuales que cubran las operaciones propias de la empresa y todos los proveedores directos. La metodología debe abordar temas de derechos humanos (trabajo forzoso, trabajo infantil, libertad sindical, salarios justos y seguridad laboral) y temas medioambientales (contaminación del suelo, contaminación del agua y obligaciones bajo los convenios de mercurio y contaminantes orgánicos persistentes). Debe estar documentada y ser repetible, ya que las bases de proveedores cambian continuamente.
Las obligaciones sobre proveedores indirectos aplican sin relación contractual directa
Una vez que existe conocimiento fundado de un riesgo en un proveedor indirecto, la obligación de diligencia debida aplica con independencia de que exista una relación directa con ese nivel. Las vías de escalado, los planes de remediación y la base de la determinación del conocimiento fundado deben quedar documentados.
BAFA investiga la calidad de la documentación, no la presentación del informe
BAFA puede iniciar investigaciones a partir de reclamaciones o de sus propios hallazgos, con independencia de la suspensión del informe anual. Las investigaciones se centran en la metodología detrás de los análisis de riesgos, los registros de medidas preventivas con fechas y responsables, y los registros de gestión de reclamaciones.
El alcance de la transposición alemana de la CSDDD sigue sin confirmarse
La CSDDD (revisada por Omnibus I) entró en vigor el 18 de marzo de 2026, con transposición de los Estados miembros prevista para el 26 de julio de 2028. Que Alemania mantenga un alcance cercano al umbral de 1.000 empleados del LkSG o se alinee con el umbral CSDDD de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación no está confirmado.
Documenta la diligencia debida (LkSG) en cada obligación principal con el osapiens HUB
El osapiens HUB for Supply Chain Compliance, parte de la Supplier Intelligence Suite, cubre las cuatro obligaciones principales del LkSG: análisis de riesgo de proveedores, seguimiento de medidas preventivas, gestión de reclamaciones y documentación lista para auditoría.
Ejecuta análisis de riesgos repetibles en cada proveedor directo
El osapiens HUB for Supply Chain Compliance ejecuta análisis de riesgos estructurados y repetibles para los proveedores directos con una metodología que mapea al catálogo de riesgos de derechos humanos y medioambientales del LkSG. La puntuación de riesgo se apoya en datos de país, sector y materia prima, presentados en un perfil de proveedor que guarda el historial completo de evaluaciones, medidas y resultados. Cuando cambia una relación con un proveedor o aparece una nueva señal de riesgo, la plataforma lo marca para revisión.
Recopila los datos de proveedores una vez y aplícalos a las obligaciones de LkSG, CSDDD y EUDR
El osapiens Supplier Portal, disponible en 29 idiomas y sin coste de licencia para los proveedores, recopila las declaraciones, certificaciones y divulgaciones que exige el análisis de riesgos del LkSG. Las respuestas de los proveedores se evalúan automáticamente contra los criterios de riesgo y se vinculan a las medidas implementadas en respuesta. La misma capa de datos de proveedores alimenta la diligencia debida de la CSDDD y la recopilación de geodatos de la EUDR sin un segundo ejercicio de implicación de proveedores.
Mantén documentación lista para auditoría en cada workflow de diligencia debida
Cada análisis de riesgo, medida preventiva, acción de remediación y registro de reclamación se conserva con un audit trail completo, incluidos timestamps, responsables, historial de versiones y datos de origen vinculados. La misma estructura de documentación cubre las divulgaciones de cadena de valor de la CSRD y los datos de proveedores del Scope 3.1, de modo que los datos introducidos una vez para el LkSG fluyen al reporting CSRD sin duplicación.
RECURSOS ADICIONALES SOBRE EL LKSG
Preguntas frecuentes (FAQ)
El LkSG aplica a empresas con domicilio social, centro principal de actividad, sede administrativa o sucursal en Alemania, con al menos 1.000 empleados. El número de empleados incluye a los trabajadores desplazados al extranjero y se calcula a lo largo del ejercicio fiscal. Las empresas que forman parte de un grupo se evalúan por entidad, no por la plantilla consolidada del grupo. El umbral está en 1.000 empleados desde el 1 de enero de 2024.
En la práctica, sí. BAFA desactivó su portal de reporting en noviembre de 2025 y dejó de revisar los informes anuales tras una instrucción del gobierno emitida en septiembre de 2025. El Bundestag está impulsando la legislación para abolir retroactivamente la obligación de reporting desde el 1 de enero de 2023. Hasta que esa ley se apruebe formalmente, la obligación existe técnicamente en el texto del LkSG, pero BAFA no la está aplicando. Las obligaciones de diligencia debida principales (análisis de riesgos, medidas preventivas y correctoras, mecanismo de reclamaciones y documentación interna) siguen plenamente en vigor y sujetas a investigación de BAFA.
BAFA puede imponer multas de hasta 8 millones de euros o, para empresas con una facturación global anual superior a 400 millones de euros, de hasta el 2 % de la facturación global anual por infracciones graves. Las infracciones graves incluyen no tomar medidas preventivas o correctoras a tiempo y no establecer u operar un mecanismo de reclamaciones. Bajo la modificación pendiente del LkSG, fallos como no designar un responsable de derechos humanos o no realizar un análisis de riesgos dejarán de ser sancionables. Las empresas en infracción grave también pueden ser excluidas de la contratación pública durante un máximo de tres años.
El LkSG distingue entre proveedores directos (tier 1) y proveedores indirectos (todos los niveles posteriores). Para los proveedores directos, las empresas deben realizar análisis de riesgos anuales e implementar medidas preventivas proporcionadas al riesgo. Para los proveedores indirectos, la obligación de actuar se activa con el 'conocimiento fundado' de un riesgo concreto de derechos humanos o medioambiental. Una vez alcanzado ese umbral, las empresas deben realizar un análisis de riesgos del proveedor indirecto correspondiente, implementar medidas correctoras apropiadas y documentar la respuesta. El conocimiento fundado puede surgir de informes de medios, divulgaciones de ONG, alertas sectoriales o reclamaciones de proveedores, todo lo cual requiere un proceso activo de monitorización.
La CSDDD modificada entró en vigor el 18 de marzo de 2026. Los Estados miembros, incluida Alemania, deben transponerla al derecho nacional antes del 26 de julio de 2028, con obligaciones aplicables a las empresas dentro del alcance desde el 26 de julio de 2029. Alemania pretende sustituir el LkSG por una ley que implemente las obligaciones de la CSDDD, pero el texto final, incluido si Alemania alineará el alcance exactamente al umbral CSDDD de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación, no está confirmado a mediados de 2026. Las empresas dentro del alcance del LkSG hoy que queden por debajo del umbral europeo de la CSDDD aún necesitan que su programa actual de diligencia debida funcione hasta que la ley nacional de transposición entre en vigor.
El osapiens HUB for Supply Chain Compliance estructura los workflows de diligencia debida para satisfacer los requisitos actuales del LkSG mientras construye la documentación y los datos de proveedores que necesitará un programa CSDDD. Los análisis de riesgos, las evaluaciones de proveedores y los registros de remediación se almacenan con audit trails completos. El mismo perfil de proveedor que alimenta la puntuación de riesgo del LkSG alimenta también la recopilación de geodatos de la EUDR y las divulgaciones de cadena de valor de la CSRD, de modo que las empresas que ejecutan varios programas regulatorios no mantienen bases de datos de proveedores paralelas. Cuando la ley alemana de transposición de la CSDDD sea definitiva, la plataforma se adapta a los nuevos requisitos sin reconstruir la base de datos subyacente.
La suspensión del reporting a BAFA no reduce las obligaciones de diligencia debida subyacentes, y BAFA sigue investigando a partir de reclamaciones y de sus propios hallazgos. Las empresas que han dependido del informe anual como su principal artefacto de cumplimiento necesitan confirmar que su documentación interna es lo suficientemente sólida para resistir una investigación de BAFA. El marco de la CSDDD se conoce en términos generales incluso sin el texto alemán de transposición, y la inversión en infraestructura de riesgo de la cadena de suministro, recopilación de datos de proveedores y procesos documentados es directamente transferible. Construir esa base ahora significa que el programa está operativo antes del plazo de transición, y no montándose a toda velocidad una vez aprobada la ley.