Entra en vigor la Directiva (UE) 2019/1937 sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión.
Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes
Todas las empresas privadas con 50 o más empleados que operen en la UE deben establecer un canal interno de denuncia confidencial, acusar recibo de las denuncias en un plazo de siete días, investigar y responder en un plazo de tres meses, y proteger a los denunciantes frente a cualquier forma de represalia. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta 1 millón de euros en algunos Estados miembros.
Próximo plazo:
La obligación ya está en vigor. Para las empresas con 250 o más empleados en la UE, el plazo de cumplimiento vencía el 17 de diciembre de 2021. Para aquellas con entre 50 y 249 empleados, era el 17 de diciembre de 2023. Ambos plazos han vencido. El informe de aplicación de la Comisión Europea de julio de 2024 puso de manifiesto deficiencias generalizadas en el cumplimiento en todos los Estados miembros. Las organizaciones que no cuenten con un canal interno de denuncia que cumpla con la normativa están infringiendo actualmente la legislación nacional en materia de protección de los denunciantes.
La legislación nacional de transposición difiere en cuanto a su alcance y enfoque de aplicación: las empresas que operan en varios Estados miembros de la UE pueden enfrentarse a obligaciones distintas según la legislación de cada país, y no solo a los requisitos básicos de la Directiva. Un canal a nivel de grupo no es automáticamente suficiente para todas las jurisdicciones.
Calendario de la normativa
Lo que exige la Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes
La Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes (Directiva (UE) 2019/1937) entró en vigor el 16 de diciembre de 2019, estableciendo normas mínimas en todos los Estados miembros de la UE para la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la UE.
Las empresas privadas con 50 o más empleados y todas las entidades del sector público, independientemente de su tamaño, deben establecer un canal interno seguro de denuncia, designar a una persona responsable de gestionar las denuncias, acusar recibo en un plazo de siete días y proporcionar información detallada sobre el resultado de la investigación en un plazo de tres meses. Los denunciantes deben estar protegidos frente a cualquier forma de represalia, incluidos el despido, la degradación y la inclusión en listas negras.
Las infracciones contempladas abarcan la contratación pública, los servicios financieros, la lucha contra el blanqueo de capitales, la protección de los consumidores, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la seguridad en el transporte, la salud pública y la protección de datos. Cada Estado miembro ha transpuesto la Directiva a su legislación nacional, con la opción de establecer requisitos más estrictos que los establecidos en la Directiva.
Retos comunes en materia de cumplimiento de la normativa sobre denunciantes
Las herramientas de uso general no pueden cumplir los requisitos técnicos de la Directiva en materia de canales
Los requisitos de los canales de denuncia internos van más allá de una dirección de correo electrónico compartida o un portal general de recursos humanos: un canal conforme a la normativa debe proteger la identidad del denunciante, admitir denuncias escritas y orales, permitir la presentación anónima cuando la legislación nacional así lo exija y proporcionar un mecanismo de comunicación bidireccional. Las herramientas de comunicación de uso general suelen carecer de los controles de acceso y la arquitectura de anonimato que exigen estas obligaciones.
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