Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures

La UFLPA se aplica a cualquier empresa que importe mercancías a Estados Unidos si dichas mercancías se han extraído, producido o fabricado, total o parcialmente, en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) de China, o si alguna entidad de la cadena de suministro figura en la Lista de Entidades de la UFLPA. No hay exenciones por el tamaño de la empresa, el valor del producto o el país de montaje final; la presunción refutable recae sobre los productos, no sobre el importador, por lo que una empresa de la lista Fortune 500 y un importador de un solo envío se enfrentan al mismo criterio. Un producto fabricado en Vietnam o México utilizando materias primas o componentes originarios de la XUAR entra dentro del ámbito de aplicación, al igual que un bien en el que solo uno de los insumos provenga de una entidad incluida en la lista, aunque se encuentre muchos niveles más arriba en la cadena de suministro. En el caso de las empresas internacionales que suministran a importadores estadounidenses sin importar ellas mismas, la obligación de cumplimiento legal recae en el importador estadounidense registrado; sin embargo, en la práctica, dicho importador traslada la carga de la documentación a sus proveedores, por lo que a los fabricantes no estadounidenses se les exige habitualmente que presenten un rastreo completo del origen como condición para continuar con las compras. Dado que la presunción se aplica a nivel de los insumos y no a nivel del producto acabado, incluso las empresas que no se abastecen directamente de China pueden verse afectadas a través de proveedores de niveles inferiores con los que nunca han contratado directamente.

La Ley establece una presunción legal de que cualquier mercancía con vínculos en la cadena de suministro con la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) o con entidades incluidas en la Lista de Entidades de la UFLPA ha sido producida mediante trabajo forzoso y no puede entrar en Estados Unidos. Un importador dispone de dos formas distintas de responder a una retención, y la distinción es importante. La primera es una revisión de la aplicabilidad: el importador alega que las mercancías quedan totalmente fuera del ámbito de aplicación de la UFLPA; por ejemplo, que ningún insumo procede de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) ni de una entidad incluida en la lista. La segunda es una solicitud de excepción: el importador reconoce que las mercancías entran dentro del ámbito de aplicación, pero solicita su liberación refutando la presunción. La refutación conlleva un alto nivel de exigencia probatoria —«pruebas claras y convincentes» de que las mercancías concretas no se produjeron mediante trabajo forzoso en ninguna fase de la producción— y exige que el importador demuestre el pleno cumplimiento de la Estrategia de la UFLPA, lo que incluye la diligencia debida documentada, el rastreo de la cadena de suministro y las medidas de gestión. En la práctica, casi todas las liberaciones que se conceden se producen mediante la revisión de aplicabilidad y no a través de una excepción; a principios de 2024, la CBP no había concedido ni una sola excepción mediante una refutación exitosa, lo que pone de relieve lo difícil que resulta cumplir el criterio de «pruebas claras y convincentes». La CBP dispone de 30 días desde la retención para examinar las solicitudes, y cualquier excepción que conceda debe comunicarse al Congreso y hacerse pública en un plazo de 30 días.

La CBP puede retener, excluir o incautar cualquier envío del que se sospeche que entra en el ámbito de aplicación de la UFLPA, y estas tres medidas constituyen una secuencia progresiva en lugar de alternativas. La retención inmoviliza las mercancías en el puerto mientras el importador prepara una respuesta; si el importador no puede cumplir el criterio dentro del plazo de revisión, las mercancías quedan excluidas y deben exportarse a cargo del importador o, alternativamente, ser destruidas por la CBP; la incautación con decomiso se produce cuando la CBP concluye de manera concluyente que las mercancías entran dentro del ámbito de aplicación. La CBP también puede imponer sanciones económicas de hasta el valor declarado del envío y, en caso de infracciones reiteradas, restringir o revocar los privilegios de importación. Los costes operativos suelen superar el valor de cualquier envío concreto: las tasas de demora y almacenamiento se acumulan diariamente durante la retención, las líneas de producción posteriores que dependen de los insumos retenidos pueden paralizarse, y un historial de retenciones da lugar a un mayor escrutinio de las futuras importaciones del importador. Más allá de la aplicación directa de la ley, las empresas cuyas mercancías se den a conocer públicamente como retenidas se enfrentan a consecuencias para su reputación, entre las que se incluyen revisiones de la cadena de suministro iniciadas por los clientes y la inhabilitación para la contratación pública.

Sí. La UFLPA se aplica en función del origen de los insumos y los procesos de producción, no del país de fabricación final o de envío. Si un producto acabado contiene componentes, materias primas o servicios de transformación que procedan de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) o de una entidad incluida en la lista, la presunción se aplica independientemente de dónde se haya producido el montaje final. El hecho de desviar los envíos a través de terceros países no elimina la presunción, y la CBP considera los patrones de transbordo como un indicador de riesgo más que como una defensa. Demostrar que las mercancías quedan fuera del ámbito de aplicación requiere, por lo general, la preservación de la identidad: documentación que separe el material conforme del material procedente de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) en cada etapa, de modo que el importador pueda demostrar que el lote específico presentado para su entrada nunca se ha mezclado con insumos restringidos. Cuando los registros en papel resultan insuficientes, la CBP y los importadores recurren cada vez más a pruebas científicas de origen, análisis isotópicos y de oligoelementos para el algodón y el polisilicio, y al rastreo de ADN para el algodón, con el fin de confirmar o refutar un origen declarado, independientemente de la documentación de la cadena de suministro. Los importadores de mercancías en sectores con exposición documentada a la XUAR, entre los que se incluyen el polisilicio para paneles solares, los textiles de algodón, los productos de aluminio y las baterías de iones de litio, deben rastrear los insumos hasta su origen, independientemente de los lugares de procesamiento intermedios.

Para impugnar una retención de la CBP, un importador debe proporcionar documentación que abarque toda la cadena de suministro, desde el origen de la materia prima hasta el producto acabado importado; es decir, una cadena continua y trazable en la que cada eslabón se vincule de forma verificable con el siguiente, y no una carpeta de certificados inconexos. Esto incluye: registros de transacciones comerciales que vinculen cada fase de la producción; registros de pago y transferencias bancarias que acrediten intercambios legítimos en cada etapa; registros de producción, como listas de materiales, números de lote o serie y registros de fabricación que vinculen los insumos con los productos; documentación logística, incluidos conocimientos de embarque, manifiestos y recibos de almacén; datos del registro de trabajadores de las instalaciones afectadas; y pruebas de un programa operativo de cumplimiento con políticas de diligencia debida y controles internos documentados. La prueba práctica que aplica la CBP es la trazabilidad: si los registros, leídos en su conjunto, demuestran que las mercancías específicas retenidas solo pudieron haberse fabricado a partir de insumos no procedentes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR) y no incluidos en la lista. La CBP no acepta el coste, la dificultad de acceso ni el tiempo como motivos para rebajar el nivel de exigencia probatoria, y las lagunas en cualquier nivel pueden invalidar una presentación que, por lo demás, sería completa. Este marco de documentación debe existir antes de que se produzca una retención, y no recopilarse a raíz de ella; para cuando las mercancías se retienen en el puerto, el plazo de 30 días no deja margen para reconstruir registros que nunca se conservaron.

La UFLPA, la Directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD) y la Ley alemana de diligencia debida en la cadena de suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) exigen, cada una de ellas, una diligencia debida documentada en materia de derechos humanos a lo largo de cadenas de suministro de múltiples niveles, considerando el trabajo forzoso como una categoría de riesgo principal. Difieren en su mecanismo: la UFLPA es una prohibición de importación que se aplica envío por envío en la frontera de EE. UU., mientras que la LkSG (en vigor desde enero de 2023, que afectará a las empresas con 1 000 o más empleados a partir de 2024) y la CSDDD (en vigor el 25 de julio de 2024, con una transposición nacional gradual a partir de 2027 en virtud de la directiva «Stop-the-Clock» de abril de 2025) imponen obligaciones continuas de diligencia debida y de presentación de informes a las empresas, en lugar de una aplicación en la frontera. El equivalente más cercano a la UFLPA es el Reglamento de la UE sobre el trabajo forzoso (Reglamento (UE) 2024/3015), que entró en vigor el 13 de diciembre de 2024 y se aplica a partir del 14 de diciembre de 2027; al igual que la UFLPA, se trata de una prohibición a nivel de producto, pero no se centra específicamente en Xinjiang, no incluye una lista de entidades ni una presunción refutable, y hace recaer la carga de la prueba en las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, en lugar de en el importador. Estos plazos de la UE siguen estando sujetos a cambios; a finales de 2025 se acordó provisionalmente un nuevo aplazamiento del CSDDD, pero aún no se ha adoptado definitivamente, por lo que conviene volver a confirmar las fechas antes de dar por buenas. A pesar de los diferentes mecanismos, los perfiles de los proveedores, la documentación sobre el origen y las evaluaciones de riesgo exigidos por la UFLPA son, en esencia, los mismos datos que requieren los regímenes de la UE. Para las empresas sujetas a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), los datos sobre derechos humanos en la cadena de suministro recopilados a efectos de la UFLPA son directamente relevantes para las divulgaciones del ESRS S2 sobre los trabajadores en la cadena de valor. El osapiens HUB integra estas obligaciones en una única capa de datos: los datos de proveedores recopilados para la UFLPA alimentan directamente la diligencia debida de la CSDDD y la LkSG, y esos mismos datos están disponibles para la presentación de informes de la CSRD a través del Reporting Cockpit y el Disclosure Management, sin necesidad de un proceso de recopilación independiente.